A través de los medios de comunicación, hemos conocido que el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Central contra la Derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón que, siguiendo las imposiciones de VOX, derogó el Gobierno del Sr Azcón.
Además de admitirlo a trámite el Constitucional suspende cautelarmente la derogación de la Ley que, a propuesta de PP y VOX, aprobaron Las Cortes de Aragón el pasado mes de febrero.
Cuando el pasado 20 N, fecha de claro significado franquista, el Gobierno de Aragón anunció, creemos que con clara voluntad de provocar, que derogaría la Ley ya hicimos saber, además de nuestro profundo desacuerdo, el carácter claramente antidemocrático y anticonstitucional de esa propuesta.
Hoy, el Tribunal Constitucional, nos da la razón exactamente igual que nos la ha dado el reciente informe de la ONU.
Recibimos el fallo del Alto Tribunal con la esperanza de que Aragón deje de ser conocida por el rencor y el odio de su Gobierno para con las víctimas del franquismo, por el revisionismo equidistante de la historia más reciente y por negar la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a saber y conocer lo sucedido.
La suspensión cautelar de la derogación sitúa a nuestro presidente, Sr. Azcón, y al PP, ante la disyuntiva de seguir el juego a la ultraderecha con la que gobierna o situarse en el camino democrático impulsando que aquí, en Aragón, se cumplen las obligaciones de la Ley estatal de Memoria Democrática, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se reconoce el derecho de las víctimas del franquismo a la Justicia y reparación y se incluye la Memoria Democrática en el currículo de los centros escolares.
Desde PAMA seguiremos exigiendo que se retire esa propuesta de “Plan de Concordia” que no niegan las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el franquismo, que ordenan la supresión de programas, proyectos, sitios webs y actividades de memoria democrática puestos en marcha en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia, ponen barreras al acceso a la verdad, suprimen la subvención de proyectos de memoria histórica desarrollados actualmente por las Asociaciones Memorialistas, entidades de sociedad civil, ocultan las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen franquista, y que no condenan dicho régimen.
Desde PAMA, como siempre, seguiremos trabajando por la Memoria, Verdad, Justicia y Reparación y reclamamos, como mínimo, la recuperación de lo recogido en la Ley 14/2018 de Memoria Democrática de Aragón.
